Parece imposible pasar más de un día sin escuchar noticias sobre las plataformas colaborativas que han transformado el transporte urbano y el turismo, el potencial de blockchain para revolucionar por completo el sector financiero o cómo la inteligencia artificial está cambiando por completo la investigación en las ciencias. Esta nueva economía digital se caracteriza por el cambio tecnológico acelerado y una creciente complejidad de los desafíos, que no reconocen las fronteras entre sectores y alteran el modo en que las empresas innovan, cada vez más en formatos colaborativos y abiertos. Sectores como la salud, el campo, la energía o la construcción demandan nuevas capacidades digitales y marcos regulatorios actualizados, y se apoyan con mayor frecuencia en la generación e intercambio de datos masivos entre todos los actores de la cadena para mejorar su eficiencia y la calidad de sus servicios.
Todo va muy rápido, pero es necesario pararse a pensar sobre cuál es el impacto para las empresas de América Latina y el Caribe de este nuevo contexto digital y cómo pueden las políticas públicas contribuir a impulsar su desarrollo en esta nueva economía.
En primer lugar, estamos empezando el partido con cierta desventaja. Las empresas latinoamericanas presentan importantes brechas de adopción en muchas de las nuevas tecnologías digitales en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tecnologías como big data, computación en la nube y sistemas para relacionarse con clientes (CRM) son utilizadas por un porcentaje mucho menor de empresas en comparación a los países de la OCDE. Y las brechas en la digitalización de servicios públicos, grandes demandantes de nuevas soluciones digitales en países desarrollados, son igual de serias. Según un informe de Naciones Unidas, solo 5 de los 19 países de América Latina están entre los 50 más digitalizados del mundo.
La escasez de talento es otra barrera crucial para la adopción de tecnologías digitales —Cisco estima que en 2019 habrá una brecha de medio millón de profesionales tecnológicos en la región y que en 2025 ascenderá a 1,2 millones solo para programadores— mientras que la conectividad y la velocidad de conexión que nos brindan nuestras autopistas informáticas para transportar datos parecen más bien caminos de tierra.
Si bien algunos países latinoamericanos han formulado ambiciosas agendas digitales, aún queda mucho camino por recorrer para fortalecer las políticas públicas en la generación de capacidades en el sector privado para adoptar y utilizar tecnologías digitales.
Una nueva respuesta de políticas: integral, ágil y público-privada
Para que América Latina y el Caribe pueda aprovechar las oportunidades de la economía 4.0 es necesario desplegar nuevas políticas públicas. Ante la complejidad y la urgencia, proponemos una respuesta integral, con soluciones abiertas, ágiles y una mirada público-privada. Estas deben incluir un marco integral de políticas de transformación digital incluyendo:
1. Elementos habilitantes: datos y talento
Los datos y el talento son los dos insumos más importantes para la economía digital. Es por eso por lo que la infraestructura de conectividad y la regulación de los datos en todas sus facetas de privacidad, generación de plataformas de datos abiertos, seguridad y ética, son aspectos imprescindibles para poder avanzar en el camino digital.
Pero, además, la región no podrá aprovechar las oportunidades de la economía digital si no invierte en las destrezas y capacidades de su capital humano. Para cerrar las brechas entre necesidades de las empresas y oferta de capital humano se deben aprovechar las innovaciones que están surgiendo en la oferta de formación, desde los cursos masivos (MOOC) hasta el uso de realidad virtual y aumentada para entrenamiento técnico, pasando por una oferta de cursos cortos que ayuden a la actualización y adquisición de habilidades digitales provistos por nuevos actores. La formación universitaria no podrá permanecer al margen de estas transformaciones.
2. Transformación digital de sectores estratégicos
La transformación digital de cadenas de valor o de sectores tradicionales como energía, salud o construcción requiere de intervenciones específicas en formación, actualización regulatoria, interoperabilidad y desarrollo de estándares, adopción y desarrollo tecnológico y de innovación, las cuales pueden ser atendidas con una mirada por sectores estratégicos, como es el caso de las iniciativas del Comité de Transformación Digital en Chile o nuevas miradas como el programa canadiense de Superclusters.
3. Adopción digital en pymes
Las pymes, que tienen las mayores brechas de adopción digital, deben ser atendidas con políticas específicas para facilitar la difusión de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de capacidades de gerencia y tecnológicas que impulsen su transformación digital y el surgimiento de nuevos modelos de negocio de manera masiva. Instrumentos como los vouchers que cofinancian asistencia técnica y los centros de extensión digital que prestan servicios de actualización digital o formación, son ejemplos de intervenciones que viene implementando la Unión Europea y que se están empezando a desplegar en países como República Dominicana o Colombia.
4. Esquemas de regulación ágiles e innovadores
Los gobiernos deben probar esquemas ágiles de regulación que incentiven la innovación, protejan al usuario y permitan el aprendizaje rápido, a través de un trabajo colaborativo e iterativo entre empresas, reguladores y usuarios. Por ejemplo, facilitando el probar nuevos modelos de negocios y tecnologías a través de sandboxes regulatorios donde el regulador otorga permiso en condiciones de pruebas como existen en Singapur y Reino Unido para las Fintech; o los testbeds, como el caso de la tecnología 5G en Finlandia, los vehículos autónomos en Alemania o la inteligencia artificial en Estados Unidos.
5. Nuevas ideas para impulsar la digitalización
El Estado tiene un cometido crucial como impulsor de procesos de digitalización a través de su poder de compra. El requisito de uso de la metodología Building Information Modelling (BIM) en las licitaciones de infraestructura pública es un ejemplo de incentivo de adopción digital que está siendo gradualmente implementado en la región por países como Chile o Brasil. Mediante la compra pública de innovación el Estado puede también contratar el desarrollo de soluciones tecnológicas que no existen en el mercado, fomentando la innovación y mejorando la eficiencia de los servicios públicos.
América Latina y el Caribe no puede perderse la ola de la revolución digital. Debemos adaptar y complementar las políticas de innovación para construir una agenda digital de manera ágil y urgente. El éxito depende de políticas integrales, que combinen elementos de oferta y demanda, y promuevan un diálogo permanente entre el sector público y privado. La revolución industrial 4.0 requiere políticas 4.0.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/11/20/planeta_futuro/1542730328_423914.html
